La extracción de gases no convencionales del subsuelo mediante la técnica de la fractura hidráulica o “fracking” es un fenómeno reciente en el estado español que viene importado principalmente de EE.UU. donde su uso está muy generalizado y cuya utilización le ha convertido en uno de los países que más reservas de gases no convencionales acumulan.

La búsqueda de otras fuentes de energía fósiles, ante el agotamiento de las tradicionales, busca perpetuar el actual sistema productivo y seguir contribuyendo a un empeoramiento de nuestro medio ambiente y de nuestras actuales condiciones de vida. Las grandes industrias y los gobiernos, lejos de investigar y potenciar otras formas más limpias de abastecer energéticamente nuestras necesidades, siguen empecinados en defender su modelo energético y productivo, modelo que, además de agotarse, constituye un serio riesgo medioambiental.

Frente a las energías renovables, limpias con el planeta, los gobiernos y la industria planean fracturar nuestro subsuelo mediante la inyección de millones de litros de agua mezclados con compuestos químicos cuya proporción y formulación son todo un misterio y cuyo impacto, a 3.000 metros de profundidad, puede ocasionar graves riesgos para nuestra salud por la filtración de toda la combinación de agua y compuestos a acuíferos y pozos subterráneos.

En Aragón, la oposición a esta amenaza se materializó mediante la declaración, por parte de las Cortes de Aragón y por unanimidad de todos los grupos, de territorio libre de “fracking”. Posteriormente el Gobierno de España, saltándose dicha declaración unánime y mostrando nuevamente el respeto que le merecen las decisiones que se toman en Aragón, modificó la Ley de Hidrocarburos para que las Comunidades Autónomas no fueran competentes a la hora de aprobar las posibles licencias de investigación y evitar así la consiguiente alarma medioambiental y de salubridad.

El pasado 26 de abril, el Consejo de Ministros, a instancias del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, aprobaba el proyecto de “fracking” denominado “Aquiles” para las zonas de Aragón y Navarra, proyecto que, con la dudosa excusa de la creación de empleo precario mientras dure la explotación, nos traerá  graves consecuencias medioambientales que pagaremos todos y todas, y cuyos trastornos generarían una crisis posterior de efectos devastadores para unas comarcas, como el Campo de Borja, la Rivera Alta del Ebro o las Cinco Villas, cuya subsistencia está íntimamente ligada al turismo y a la tierra, tierra que proporciona mediante la agricultura y la ganadería la base económica de estas comarcas.

Igualmente se han otorgado, o están en trámite,  permisos de investigación de hidrocarburos para extracción de gas no convencional mediante la técnica de “fracking” en otras zonas de nuestro entorno que, por su proximidad pueden provocar graves consecuencias en nuestros términos municipales.
Por todo ello, desde esta Plataforma manifestamos nuestro rechazo a la posibilidad de que en nuestras comarcas se autorice por parte del Gobierno de España la fracturación hidráulica por considerarla una amenaza contra el medio ambiente y la salud de las personas y por entender, además, que las instituciones aragonesas se han manifestado unánimemente contrarias a dicha técnica, desde las Cortes de Aragón a nuestros municipios, consejos comarcales y diputaciones provinciales, indistintamente de su color político.

Plataforma Zaragozasinfractura

18 de junio de 2013

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